La imputabilidad de menores y el Derecho Penal

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Luis Eduardo Esquivel

Es común escuchar sobre una presunta crisis de valores que se atraviesa en la actualidad, así como también se suele escuchar que esta crisis la reflejan los jóvenes, los niños, los adolescentes: “han perdido el respeto por el prójimo, por los bienes públicos, por las instituciones”… en síntesis, se afirma que se han perdido valores que anteriormente se consideraban valiosos.

A la par, las crónicas policiales y las redes sociales difunden periódicamente casos de delitos perpetrados por menores de edad. Esto causa diferentes reacciones: alarma, indignación, ira, tristeza… y también empieza a colocar en agenda diferentes alternativas para afrontar esta situación: instaurar el servicio militar obligatorio, reformar el sistema educativo, etc.

Una de estas alternativas es disminuir la edad de imputabilidad; actualmente, según la ley 22.278, son punibles aquellos menores que superen los 16 años de edad (exceptuando los delitos de acción privada o reprimidos con una pena privativa de libertad que no supere los dos años o multas o inhabilitación, los cuales son punibles a partir de los 18 años).

Recientemente, se anunció desde el oficialismo que se presentará un proyecto de ley al Congreso que establece que serán imputables los menores a partir de los 14 años. Luego de este anuncio surgieron debates a favor y en contra del proyecto, algunos proponían conservar la edad actual, otros apoyan el proyecto y otros proponen disminuirla aún más.

Finalmente, fijar una edad para la imputabilidad es un recurso arbitrario y subjetivo, determinado por acuerdo de los legisladores del Congreso Nacional según el contexto en el cual se sanciona la Ley, dando origen a una ficción jurídica. ¿Por qué ficción? ¿Acaso el menor adquiere de repente una capacidad de discernimiento al cumplir 16 años (o 14 años), que le permite comprender la criminalidad de sus actos, que no tenía el día anterior? Esta ficción jurídica parece necesaria, porque a partir de ella se puede instrumentar un sistema penal de menores, diferente al sistema penal general.

Sin embargo, considero que el debate no debe finalizar aquí ni centrarse solamente en ese punto: nuestro sistema penal está lejos de ser perfecto. Encarcerlar hoy un menor nos ofrece pocas expectativas de que pueda integrarse nuevamente a la sociedad como miembro pleno de ella, donde deberá ingresar/regresar a un mercado laboral cada vez más competitivo, donde enfrentará discriminación por su condición de ex carcelario y donde no se encontrará solución a las causas de fondo que lo llevaron a delinquir.

Todavía recuerdo mi primera clase de derecho penal en la facultad de Derecho, donde el profesor nos informó que el derecho penal es el último recurso del Estado (ultima ratio): es la última herramienta que se debe usar ante la violación de normas jurídicas. Muchas veces en este tipo de debates, parece ser la única con la que cuenta el Estado.

Recordar que el derecho penal, es un recurso excepcional no implica sugerir la impunidad de los menores que delinquen, sino que significa tomar consciencia de la profundidad del debate que se debe realizar. Merece más que consideraciones matemáticas de aumentar o disminuir penas o edades;  consiste en debatir ideas y modelos para crear e implementar políticas públicas, para prevenir que el menor ingrese al delito y una vez que delinque para evitar la reincidencia.

El hecho de que surja este debate también refleja un fracaso de la clase política y las generaciones que nos precedieron, que no supieron y/o no pudieron brindar a estos menores una alternativa a una vida delictiva. Tampoco se puede señalar como culpable a este gobierno, o al anterior o al anterior del anterior, hace décadas Argentina enfrenta problemas institucionales y corrupción, recordemos que el 5 de enero de 1939, Lisandro de la Torre, en un gesto simbólico se quitó la vida, con un disparo al corazón decepcionado por la clase política argentina de la época. Aclaro, este fracaso no libera al menor de su eventual responsabilidad penal y tampoco implica dejar impune el delito. Es un fracaso que invita a reflexionar y asumir una posición más adulta y menos maniquea.

Como sociedad democrática tenemos que estar preparados para asumir debates más serios, y no considerar que la única solución ante la inseguridad es aplicar el derecho penal, sino que nos encontramos ante un problema sistémico que requiere de profundos intercambios de ideas para poder esbozar soluciones. También exige el compromiso de todos los sectores que participan en la conducción del país en la implementación y construcción de políticas de Estado, para implementar las soluciones que surjan de este debate.

Hoy es necesario convocar a todas las voces calificadas, aún aquellas con las que el gobierno disiente para poder implementar soluciones a corto, mediano y largo plazo al problema de la inseguridad. Argentina cuenta con un alto número de juristas especializados en Derecho Penal, es hora de convocarlos, escucharlos, y no convertir una reforma legislativa importante en un tema meramente electoral.

Es importante que el debate se plantee, al fin y al cabo, la venda que cubre los ojos de la Justicia garantiza su imparcialidad, no le impone indiferencia.

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