Venezuela: Derechos Humanos y la no intervención en asuntos internos

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Luis Eduardo Esquivel

Los reportes del aumento de violencia y la crisis institucional en Venezuela, su suspensión del MERCOSUR, la posible aplicación de la “cláusula democrática” en el seno de la Organización de Estados Americano y los ríspidos intercambios y declaraciones entre políticos de Argentina y Venezuela han tensado la relación bilateral y dieron inicio a un debate en la opinión pública sobre qué debería hacer el gobierno argentino ante esta situación. Para poder esbozar una respuesta a ello es necesario reconocer algunos elementos:

Año 1648. La firma de los Tratados de paz en Osnabrück y en Münster, en la llamada Paz de Westfalia, dan origen al Derecho Internacional clásico, con la consagración de dos principios fundamentales en las relaciones interestatales: la igualdad soberana de los Estados y la no intervención en asuntos internos. De forma que se excluye la posibilidad de que un país pueda intervenir en temas que corresponden a la jurisdicción nacional de otro miembro de la Comunidad Internacional.

Asimismo, este principio esencial en la conducción de las relaciones interestatales fue reafirmado por otros instrumentos internacionales, como la Carta de las Naciones Unidas, y la Carta de la Organización de Estados Americanos; ambos vinculan jurídicamente a Argentina y Venezuela.

Entonces, ¿la única posibilidad legal para un Estado es observar en silencio (y resignación) situaciones donde otro país cometa violaciones masivas a los Derechos Humanos?

Para resolver esta pregunta es importante recordar un hecho trascendental sucedido en 1945, año en el cual la comunidad internacional se reunió en la ciudad de San Francisco para “preservar a las generaciones venideras del flagelo de la guerra que dos veces durante nuestra vida ha infligido a la Humanidad sufrimientos indecibles”, con la creación de la Organización de las Naciones Unidas y la de una nueva serie de normas jurídicas, tales como la prohibición del uso y amenaza de la fuerza.

En el articulado de la Carta de la ONU y en instrumentos internacionales posteriores, entre ellos los Tratados que integran el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, los Estados se comprometen a velar por el respeto pleno de los derechos fundamentales de los seres humanos: vida digna, libertad, juicios justos, entre otros.

Una interpretación armónica de ambas normativas permite descubrir que no puede alegarse que un derecho reconocido por el ordenamiento internacional (la no intervención) signifique una herramienta para obtener impunidad por violaciones a los Derechos Humanos. Tampoco debe considerarse que la solución para estas situaciones sea la imposición paternalista de soluciones por otros Estados, mediante intervenciones directas, dado que la forma de lograr resultados duraderos es que las mismas provengan del seno de la sociedad en el ejercicio pleno de sus derechos civiles y políticos.

La no intervención tampoco justifica el silencio de los demás Estados de la comunidad ante denuncias de violaciones a los Derechos Humanos y violencia ejercida contra la población civil. Desde la creación de las Naciones Unidas existen mecanismos universales, así como mecanismos regionales en el caso americano, legitimados para actuar en diversas maneras ante ellas. Vale recordar la visita de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en 1979 a Argentina, que marcó un hito y el principio del fin para la Junta MIlitar, al realizar su informe señalando que se habían cometido serias violaciones a los Derechos Humanos en el país, derrumbando la mentira esgrimida sobre ello por el gobierno de facto.

Acudir a  mecanismos regionales o universales o solicitar su intervención no convierte a Argentina en enemigo de Venezuela, como tampoco se debería utilizar este recurso como ofensiva en un enfrentamiento entre dos gobiernos con diferencias políticas. Recordando algunos hechos, podemos descubrir el profundo vínculo histórico que une a ambos pueblos:

Año 1902. A pesar de que las normas de Westfalia tienen más de 250 años, suenan cañones europeos sobre las costas venezolanas reclamando el cumplimiento del pago de su deuda externa. La única voz que se levantó en contra fue la de un argentino, el Canciller del gobierno de Julio Roca, Luis María Drago, quien retomando los principios consagrados en 1648, repudió la acción tomada en contra de Venezuela y declaró que no puede existir una real igualdad cuando los Estados más poderosos se encuentran habilitados a exigir el pago de las deudas contractuales mediante el uso de la fuerza.

Años 1976-1983. La persecución política, el terrorismo de Estado, y el derrumbe de la democracia lleva a que muchos argentinos se vean obligados a huir del país, ante el temor de ser muertos o desaparecidos. Venezuela fue uno de los países que abrió sus brazos y recibió a muchos argentinos. Se estima que en 1981 eran entre 8 y 11 mil los argentinos que residían en Venezuela(1).

Este pasado marcado por la solidaridad en momentos oscuros de nuestras historias deben servir como impulso en el proceso de integración política, económica y social de la región iniciado en las últimas décadas, independientemente de los gobiernos que ejerzan la presidencia, recordando que ambos pueblos comparten una historia y un destino: porque América Latina sólo podrá integrarse exitosamente al mundo y desarrollarse si lo hace unida. Esta integración no debe perder nunca de vista la importancia de la democracia y el respeto pleno de los derechos de la ciudadanía, dado que nuestra historia refleja que en aquellos momentos que los perdimos corrió sangre latinoamericana dejando heridas que aún hoy no terminaron de sanar.

Hoy Argentina puede expresar su preocupación por los reportes de ciudadanos que no tienen acceso a una vida digna y la violencia estatal ejercida sobre opositores y, en ese sentido, solicitar el apoyo de los mecanismos de Derechos Humanos regionales (y universales) para que colaboren con el pueblo venezolano en la búsqueda de la paz y la estabilidad que merecen, recordando que para ello se debe recorrer un camino, y por lo tanto ni la aplicación de cláusulas democráticas ni un cambio del Poder Ejecutivo significarán una solución mágica.

En este contexto, resuenan las palabras del jurista Eduardo Couture: “… ten fe en la libertad, sin la cual no hay derecho, ni justicia, ni paz”.

  1. Lida, Clara; Horacio Crespo y Yankelevich, Pablo. “Argentina, 1976. Estudios en torno al Golpe de Estado”. El Colegio de México. 2007

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