Controversial decisión de la Corte Suprema: 2×1 para un delito de lesa humanidad

 

Agustina
Agustina Pizarro

 

Importantes titulares expusieron los medios  respecto a la decisión tomada el 3 de Mayo por la Corte Suprema sobre la causa “Recurso de hecho deducido por la defensa de Luis Muiña en la causa Bignone, Reynaldo Benito Antonio y otro s/ recurso extraordinario”.

En la causa se atribuyó a Luis Muiña ser coautor del delito de privación ilegal de la libertad cometido por funcionario público con abuso de sus funciones o sin las formalidades prescriptas por la ley, agravado por el uso de la violencia o amenazas, en concurso ideal con el delito de imposición de tormentos en relación con las condiciones de cautiverio impuestas, en concurso real con el delito de imposición de tormentos por un funcionario público al preso que guarde, reiterado en cinco (5) oportunidades en perjuicio de Gladys Evarista Cuervo, Jacobo Chester, Jorge Mario Roitman, Jacqueline Romano y Marta Elena Griff.

Estos hechos ocurrieron en la madrugada del 28 de Marzo de 1976, en el Hospital Posadas de Haedo, cuando un operativo militar con tanques y helicópteros comandado personalmente por Reynaldo Bignone ocupó dicho establecimiento sanitario y detuvo al personal del mismo, que luego fue trasladado al centro clandestino de detención “el chalet” que funciono allí, donde fueron privados ilegalmente de la libertad y torturados.

Por su responsabilidad en dichos hechos Muiña fue condenado por el Tribunal Oral en lo Criminal Federal N°2 de esta ciudad a la pena de 13 años de prisión. El fallo quedó firme en el año 2013 cuando la Corte declaró inadmisible el recurso extraordinario por la defensa del nombrado. A partir de que quedó firme la condena, el Tribunal Oral en lo Criminal Federal n°2 efectuó el computo de detención y pena de Muiña, teniendo en consideración las previsiones de la ley 24.390 determinando que su pena vencerá el 11 de Noviembre de 2016.

El cómputo de la pena fue observado y luego recurrido en casación por el Ministerio Publico Fiscal, siendo finalmente anulado por la sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal, el 28/3/2014 se dispuso a realizar un nuevo computo con prescindencia del beneficio consagrado por la ley 24.390, en razón considerarlo inaplicable al caso.

Este último pronunciamiento fue apelado ante la Corte por la defensa oficial del condenado en la queja por recurso extraordinario denegado 2014.

La decisión de la mayoría constituida por los Ministros Highton, Rosenkrantz y Rosatti declara aplicable la ley 24.390 (conocida como 2×1), que estuvo vigente entre los años 1994 y 2001, hoy derogada, que reduce el cómputo de la prisión, porque se trata de una ley más benigna.

Elena Highton de Nolasco (una de las juezas, que fallaron a favor) asumió al tribunal la propuesta del Presidente Nestor Kirchner, en medio de la reforma del máximo tribunal, primera mujer en convertirse en vicepresidente durante un gobierno democrático. La magistrada se especializa en derecho civil, se destaca por su gestión en el máximo tribunal sobre la temática de género.

En el fallo los jueces Rosenkrantz y Highton consideraron que la resolución de la cámara se había apartado de las normas convencionales (Convención Americana de los Derechos Humanos y Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos) y constitucionales, que resultaban importantes para la debida solución del caso. Sostuvieron que el art. 2 Código Penal establece el beneficio de la aplicación de la ley penal más benigna resulta extensivo a todos los delitos, sin realizar distinción alguna y concluyeron que los tribunales no podían negar a algunos lo que debe otorgarse a todos.

El Dr. Carlos Rosenkrantz asumió en Agosto pasado, tras la renuncia de Eugenio Zaffaroni y de Carlos Fayt. En el fallo discutido en conjunto con Highton de Nolasco, indico que aun si hubiera alguna duda sobre la aplicabilidad del art. 2 del Código Penal a delitos cometidos por Muiña, debe resolverse en favor del acusado en virtud de las exigencias del principio de legalidad, y que las conclusiones que en derecho corresponde aplicar en el caso no pueden ser conmovidas por el hecho de que el Muiña hubiera sido condenado por la comisión de delitos de lesa humanidad, pues la ley 24.390 no hace excepción respecto de tales delitos.

Afirmaron que la mejor respuesta que una sociedad respetuosa de la ley puede darle a la comisión de delitos de lesa humanidad, y la única manera de no parecer a aquello que se combate y se reprueba, es el estricto cumplimiento de la leyes y de los principios que caracterizan el estado de derecho lo que en el caso exigía hacer lugar a la pretensión de Muiña.

En cambio el Juez Rosatti que con su voto avaló la decisión de Highton y Rosenkrantz.

El juez Rosatti expuso el dilema moral que  se plantea en el juzgado la aplicación de un criterio de benignidad a condenados por delitos de lesa humanidad, para concluir que este dilema debe ser resultado con la estricta aplicación de la Constitución y las leyes. Indico que si el legislador no previo un régimen diferenciado para la aplicación de la ley penal a los delitos de lesa humanidad no puede hacerlo ahora el juez.

Agregó el magistrado que tal conclusión no supone desconocer que los delitos de lesa humanidad expresan el estadio más degradado en que ha caído la naturaleza humana, y tampoco conllevar ignorar que el régimen durante el cual perpetraron los ilícitos probados en la causa descendió a niveles de inhumanidad nunca vistos en nuestro país, desde la sanción de la Constitución Nacional.

El estado de Derecho no es aquel que combate a la barbarie apartándose del ordenamiento jurídico sino respetando los derechos y garantías que han sido establecidos para todos, aun para los condenados por delitos aberrantes. La humanidad contra la cual fueron cometidos estos crímenes exige del Estado de Derecho la necesidad imparcialidad en la aplicación de las leyes referidas a su juzgamiento, pues lo contrario se correrían el riego de recorrer el mismo camino de declive moral que se transitó en el paso.

Los jueces Lorenzetti y Maqueda, en disidencia con la mayoría, sostienen que no se ha dado ningún cambio en la valoración de los delitos de lesa humanidad. Por el contrario, existe una consistencia en la definición, calificación y persecución de este tipo de delitos que se ha mantenido en diversos precedentes, no sólo de la Corte Suprema sino de todo el Poder Judicial.

Que es necesario calificar este caso, en primer lugar, como un aspecto de los delitos de lesa humanidad, tipificados por la Corte la cual señaló que no hay posibilidad de amnistía, ni de indulto, ni se aplica a ellos el instituto de la prescripción, y que la persecución forma parte de los objetivos de la legislación internacional.

Por lo tanto, la ejecución de la pena, es, parte del concepto normativo antes descripto,  y una interpretación de la ley no puede llevar a una frustración de la finalidad persecutoria en este campo.

Este fallo abre una gran discusión respecto al instituto del 2×1 y su aplicación sobre los delitos de lesa humanidad, permitiendo que los condenados invoquen este fallo.  

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