La intervención federal a luz de la crisis en Santa Cruz y la detención de Milagro Sala

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Uriel Splenser

Ante los recientes comentarios sobre la necesidad, deber o conveniencia de aplicar el instituto de la intervención federal en los casos de Jujuy (por la detención de Milagro Sala) y Santa Cruz, es momento de ver qué dice la ley y nuestra Constitución Nacional al respecto.

Federalismo

En primer lugar, resulta conveniente aclarar que un sistema federal de gobierno implica la existencia de Estados provinciales que gozan de autonomía en coexistencia con el Estado federal o nacional.

Autonomía implica la potestad de dictarse sus propias normas sobre atribuciones que le son propias, es decir, no es el Estado nacional el que se las concede (no es lo mismo decir “dicto mis normas porque vos me lo permitís” que decir “dicto mis normas porque tengo autonomía”). En nuestro país, las provincias son autónomas, y es la unión de estas la que antecede a la creación del Estado nacional.

¿Qué dice nuestra Constitución Nacional sobre la intervención federal?

La intervención federal consiste en una intromisión del gobierno nacional en uno provincial “autónomo”, por lo que debe ser -en todos los casos- un último recurso.

Los que prevé nuestra Constitución Nacional son: la afectación a la forma republicana de gobierno, un ataque exterior o de una provincia a otra y una sedición (movimientos insurgentes contra las autoridades).

Es decir, si intentáramos justificar una intervención en la provincia de Jujuy o en Santa Cruz, deberíamos enmarcar los casos en la “afectación a la forma republicana de gobierno”. Para esto, sería necesario juntar algunas pruebas.

Si se demuestra que la justicia provincial de Jujuy está actuando bajo las órdenes del gobernador Morales, como sostienen algunos, sería un claro ejemplo de inobservancia de la división de poderes y por lo tanto del sistema republicano.

En el caso de Santa Cruz, la afectación se daría ante una eventual falta de rendición de cuentas, que exigió a la gobernadora Alicia Kirchner la asamblea pública a principios de este mes.

No existe una ley de intervención federal, por lo tanto muchas cuestiones de carácter técnico quedan sujetas a interpretación y pueden generar confusiones: ¿con qué plazo contaría la gobernadora para cumplir con la rendición de cuentas? ¿necesita una intimación por parte del gobierno nacional que estipule un plazo dentro del cual pueda actuar conforme a derecho? son algunos de los interrogantes.

¿Quién interviene?

Como dijimos. la intervención federal es el último recurso a utilizar para no socavar la autonomía de la que gozan las provincias. Si existe algún lector que se esté preguntando por que el presidente Macri no decreta la intervención federal en Jujuy ni en Santa Cruz, debo informarle que la Constitución Nacional prevé expresamente que esa facultad está reservada al Poder Legislativo. Ahora bien, como con otras atribuciones del Congreso, podría dictar un DNU al efecto. ¿Sería esto un error o un acierto político? Queda a criterio del lector.

Antes de la reforma de 1994, nuestra Constitución no aclaraba qué órgano era el encargado de decidir una intervención federal. El hecho de que estipule ahora que es el Poder Legislativo el adjudicatario de esta atribución contribuye a atenuar el fuerte espíritu presidencialista en nuestro país.

La última intervención federal

El último caso fue el de Santiago del Estero en el año 2004. En ese entonces, durante la gobernción de Mercedes Aragonés de Juárez, esposa de Carlos Juárez, el hecho que desencadenó la decisión del Congreso fue el descubrimiento de una red de espionaje ilegal montada por el oficialismo para recabar información personal de los ciudadanos, formando un archivo que se utilizaba para amedrentar a la oposición.

El Poder Legislativo Nacional intervino los tres poderes de Santiago del Estero, entendiendo que la Legislatura provincial se hallaba sometida al Poder Ejecutivo y el Poder Judicial no gozaba de independencia en los hechos.

Resumiendo

En Jujuy la situación es más clara a la hora de encuadrarla en una afectación al sistema republicano de gobierno (siempre y cuando se pruebe la intromisión del Poder Ejecutivo sobre el Judicial).

No se observa la misma claridad de los hechos en Santa Cruz. Sobretodo si tenemos en cuenta que se vienen llevando a cabo distintas reuniones a fin de establecer un plan de acción entre la gobernadora y el Ministro del Interior, Rogelio Frigerio, lo que indica que se estaría dando algún tipo de rendición de cuentas.

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