Fueros y elecciones, ¿la destrucción de la República?

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Luis Eduardo Esquivel

Atravesamos un nuevo año electoral y surge una vez más la controversia por los fueros. No resulta  extraño escuchar en los medios que tal o cual político se presenta como candidato para obtener los fueros, y a la par, surgen renovadas propuestas y proyectos legislativos tendientes a eliminarlos o restringirlos. Pero vale preguntarnos, en primer lugar, ¿qué son los fueros?

Podemos definirlos como una serie de privilegios e inmunidades que determinados funcionarios públicos poseen durante el ejercicio de su mandato. Argentina reconoce a los legisladores, durante su mandato, inmunidad de opinión y de arresto.

Para encontrar su reglamentación debemos acudir a los artículos 68, 69 y 70 de nuestra Constitución y la Ley 25.320. Allí se puede observar que ningún miembro del Congreso puede ser “acusado, interrogado judicialmente, ni molestado por las opiniones o discursos que emita desempeñando su mandato de legislador”.

Esta reglamentación parece sensata en pos de garantizar la independencia del legislador durante su mandato. Por otro lado, los senadores y diputados no pueden ser arrestados desde el momento de su elección hasta el cese de su mandato(1). Entonces, ¿son herramientas de impunidad?

La respuesta es no. Los fueros no son un beneficio personal del legislador, sino que constituyen una defensa necesaria para el correcto desempeño de sus funciones. El sistema republicano de gobierno se caracteriza por la división de poderes, de forma que ninguna persona u órgano concentre la totalidad del poder público. Para ello y con el objetivo de que ningún poder se imponga sobre otro, se reglamenta un sistema de pesos y contrapesos (checks and balances): en Argentina, la Constitución reconoce la existencia del Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo, el Poder Judicial y un órgano extra poder, el Ministerio Público.

De esta forma, impedir el arresto o privación de la libertad de los legisladores se configura como una herramienta que vela por su independencia ante las potestades del Poder Judicial y el Poder Ejecutivo.

¿Entonces qué pasa si un legislador es imputado por la comisión de un delito? Veamos. En primer lugar debe existir el requerimiento de una autoridad judicial, federal o local, quien peticiona el desafuero ante el Congreso. Una vez presentado el pedido de desafuero se gira el caso a la Comisión de Asuntos Constitucionales de la Cámara correspondiente, la que deberá emitir dictamen, en un plazo de 60 días.

A posteriori, es el Poder Legislativo quien decide si aprueba o no el desafuero, en un sistema ideado para evitar que dicha medida sea tomada por mayorías circunstanciales, por lo que se exige el acuerdo de ⅔ de la Cámara a la que pertenezca el legislador. En caso de aprobarse el desafuero, se pondrá al imputado a disposición de la Justicia. La Cámara que corresponda deberá tratar la causa, dentro de los 180 días de ingresada al recinto, aun cuando no exista dictamen de comisión.

Durante el proceso penal no pueden dictarse medidas que vulneren la inmunidad de arresto del legislador(2), hasta que se proceda al desafuero.

En caso de ser denegado el desafuero, se continuará el impulso de la causa, dictando el juez una resolución por la que declare que no procede la detención.

Una cuestión preocupante en relación a la duración de los juicios penales es la prescripción, es decir la extinción de la acción penal por el transcurso del mismo. Al respecto, la ley señala claramente que si se deniega el desafuero se suspende su cómputo.

Asimismo, es importante destacar que el desafuero no impide que el legislador  recupere sus derechos, títulos y privilegios al finalizar el proceso judicial, si así corresponde. También es importante señalar que la decisión de la Cámara no implica prejuzgar sobre la inocencia o culpabilidad del legislador imputado.

La idea de combatir la corrupción constituye un deber colectivo de todos los ciudadanos de la República. Sin embargo,  no debemos olvidamos que la Ley Fundamental, nuestra Constitución, nos otorga una serie de herramientas para hacerlo.

No es necesario una profunda innovación legislativa. Es suficiente con velar por la independencia de cada Poder, exigir al Poder Ejecutivo que no influya en las decisiones tomadas por los demás poderes, efectivizar el plazo razonable en la duración de los procesos judiciales y la imparcialidad del Ministerio Público, y requerir al Congreso de la Nación que tenga el coraje necesario para evitar ser sometido a otro Poder y aplicar sanciones a sus miembros, como el desafuero, si corresponde.

Las ideas de refundar el país no han tenido los resultados deseados. Quizás sea el momento de aplicar una idea innovadora: respetar el sistema representativo, republicano y federal que establece el primer artículo de nuestra Constitución Nacional desde 1853.

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