Entre la impunidad y la inocencia de los candidatos

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Luis Eduardo Esquivel

En el marco de las elecciones primarias, abiertas, secretas y obligatorias -PASO-, se presentó una impugnación a la candidatura del ex Presidente Carlos Saúl Menem, quien se postuló como precandidato a Senador Nacional por La Rioja. El motivo, la reciente decisión de la Cámara de Casación de condenar al ex mandatario por el caso de tráfico de armas a Croacia y Ecuador durante su presidencia.

Al respecto, el pasado 29 de agosto la Cámara Nacional Electoral resolvió rechazar la impugnación y habilitarlo para que mantenga su candidatura. El fundamento de la decisión judicial se encuentra en algunas cuestiones formales, como el incumplimiento de los plazos para la impugnación, y particularmente señala la inexistencia de una sentencia condenatoria firme contra el candidato, dado que la sentencia de la Cámara de Casación fue recurrida y elevada al Tribunal superior (la Corte Suprema de Justicia de la Nación).

La decisión de la Cámara Nacional Electoral se produce en el marco de un debate sobre la idoneidad que se exige a los candidatos a cargos electivos, particularmente cuando ellos son sospechados por haber cometido hechos ilícitos.

En primer lugar, es relevante mencionar que el sistema jurídico argentino consagra el principio de inocencia, por lo tanto, para que el Estado pueda ejercer su poder punitivo contra un ciudadano por la comisión de un hecho ilícito, debe existir una sentencia condenatoria firme. El concepto de sentencia firme es importante, dado que implica que no existen recursos procesales para cuestionar o impugnar la decisión judicial.

El principio de inocencia es la piedra fundamental del sistema penal, reconocido por el art. 18 de la Constitución, al afirmar que “ningún habitante de la Nación puede ser penado sin juicio previo fundado en ley anterior al hecho del proceso (…)” y a su vez, es reconocido por una serie de instrumentos internacionales.

A partir de lo expuesto, puede observarse que la decisión de la Cámara Nacional Electoral se ajusta al Derecho, dado que no sería lícita la privación de derechos antes de una sentencia condenatoria firme.

Por otro lado, se señala que el principio de inocencia no tiene una aplicación absoluta. Existen algunas excepciones por la cual se priva de derechos al imputado durante el proceso, por ejemplo la prisión preventiva por la existencia de peligro de fuga o de entorpecimiento de la investigación.

Sin embargo, nunca debe perderse de vista que las excepciones a este principio deben ser aplicadas e interpretadas con carácter restrictivo, e independientemente de las características personales del imputado o la gravedad del delito imputado.

Actualmente, no existe una prohibición determinada que impide que una persona imputada se postule como candidato a cargos electivos, sino que se suele apelar a argumentos morales. Sin embargo, como la vara moral de cada individuo varía y la ley penal se rige por el principio de legalidad, es decir que debe ser escrita y precisa, es importante el tratamiento legislativo del tema en cuestión.

Todo imputado como autor de un delito tiene el derecho esencial de ser presumido inocente hasta la existencia de una condena firme. Esto no impide la realización de un merecido debate legislativo sobre las cualidades que exigimos a los que deseen presentarse a cargos electivos, en el marco de un proceso de mayor transparencia, fortalecimiento institucional y lucha contra la corrupción. Asimismo, no se debe olvidar la necesidad de impulsar reformas judiciales por situaciones como la excesiva duración de los procesos judiciales. En este caso concreto, el ex Presidente sigue sometido a un proceso por hechos cometidos durante su presidencia, que finalizó hace 18 años.

Finalmente, pero no menos importante, el debate legislativo no nos libera en el cuarto oscuro de  una profunda reflexión personal sobre las cualidades morales que exigimos a quienes nos solicitan nuestros votos para representarnos, independientemente de lo reglamentado por la ley.

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