La Prisión Preventiva y los olvidados

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Luis Esquivel

 

El uso no excepcional de la prisión preventiva…es uno de los signos más evidentes del fracaso de la administración de justicia, y es una situación inadmisible en una sociedad democrática…” – Organización de los Estados Americanos (a)

El accionar de la Justicia argentina  se encuentra nuevamente cuestionado luego de las recientes detenciones de Julio Devido y Amado Boudou. La prisión preventiva de los ex funcionarios del Gobierno de Cristina Fernández ha sido calificada, a raíz del resultado de las últimas elecciones, como una señal de la afectación de la independencia judicial

La Constitución Nacional y una serie de Tratados Internacionales de los cuales Argentina es parte, consagran el Principio de Inocencia. Es decir, existe una presunción de la que cada ciudadano es titular, por la cual no se presume su culpabilidad y recae en manos del acusador (MInisterio Público Fiscal y/o querellante) acreditar la responsabilidad penal del imputado en el proceso judicial. Dicha presunción existe independientemente de las condiciones personales del imputado y la gravedad del hecho que se investiga.

Sin embargo, la legislación argentina en la reglamentación del Principio de Inocencia, permite la detención preventiva durante el proceso judicial en forma excepcional. Esto se puede decretar, conforme al Código de Procedimientos Penales, en los casos donde la libertad del imputado puede entorpecer la investigación o exista peligro de fuga.

Por otro lado, la doctrina Irurzun es utilizada como complemento de esta legislación, dado que afirma que es posible dictar la prisión preventiva a ex funcionarios que ocuparon importantes cargos en la Administración y que aún conservan parte del poder político e influencias. No bastan meros indicios para poder alegar esta doctrina, sino que el Juez natural, en forma imparcial, debe acreditar supuestos concretos para fundamentar la prisión preventiva.

A raíz de lo expuesto, se han escuchado voces que afirman que se está violando la presunción de inocencia de los ex funcionarios, dado que dudan de la existencia de hechos concretos que permitan a los ex funcionarios eludir el accionar de la Justicia o entorpecerla.

El análisis de la prisión preventiva no puede agotarse en el estudio de dos casos mediáticos específicos. Una búsqueda rápida de los últimos datos recolectados por el Sistema Argentino de Información Jurídica (SAIJ), reflejan que en 2015, Argentina tenía una población carcelaria de 72693 personas.

De esta población carcelaria, el 51% de ellos son detenidos sin condena firme, es decir que 37008 personas estaban en prisión aun manteniendo el estado de inocencia.  Sólo el 48% de los presos son condenados con sentencia firme. Dicha situación no es una problemática nueva, ni un problema de este Gobierno. Conforme la Organización de Estados Americanos, en 2010 el 53% de la población carcelaria, 30132 personas, eran imputados con prisión preventiva (a).

Es decir, que la Justicia argentina se encuentra cuestionada por un lado, por su lento accionar, con procesos heredados de los procedimientos inquisitoriales, y por otro, se puede observar cómo convirtió una excepción en la regla. Entonces, en la práctica el accionar judicial está convirtiendo a la prisión preventiva en una especie de pena anticipada. Ahora bien, ¿qué sucede si aplicamos esta pena anticipada de facto y luego de un proceso de 5 o 10 años se determina que el imputado es inocente?

En el marco de las reformas que se pretenden impulsar (laborales, tributarias, etc.), no puede quedar exenta la estructura y funcionamiento del Poder Judicial. Al fin y al cabo, la independencia judicial no  es sólo un derecho del que gozan los jueces, sino que es una piedra fundacional de la República.

El accionar judicial es uno de los mecanismos que permiten excluir a la venganza privada como medio de solución de controversias. Dado que acudiendo a un tercero imparcial e impartial que determine una solución, se reemplaza la Ley del Talión, aplicando en su lugar la resolución del tercero, reconocida por las partes, porque goza de una presunción de legitimidad.

Es importante analizar el accionar de la Justicia en la investigación y castigo de los casos de corrupción actuales. Sin embargo, no se puede olvidar que existen más de 30000 imputados, todavía inocentes ante la ley, pero que se encuentran desamparados por ella.

Al fin y al cabo, un sistema penal que se sostenga sobre la violación sistemática de los derechos de los ciudadanos, que se encuentran invisibilizados, pone en peligro los mismos fundamentos de la República, exhibiendo el fracaso del sistema judicial como medio de solución de controversias.

Es necesario visibilizar esta cuestión y plantear en el Congreso de la Nación las reformas para establecer elementos objetivos más concretos para reglamentar la prisión preventiva. Asimismo, resulta necesario establecer instituciones fuertes y mecanismos que eviten que el Poder Ejecutivo intervenga en las decisiones de los jueces. FInalmente, se debe exigir a los jueces que tengan la valentía suficiente para conducir los procesos en un tiempo razonable, respetando con toda rigurosidad la letra de la Ley.

  1. “Informe sobre el uso de la prisión preventiva en las Américas”. Organización de los Estados Americanos. 2013  

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